Seguro de responsabilidad civil para todo vehículo

Evolución

En la mayoría de los países civilizados, por no decir todos, se exige que cualquier vehículo que transite en las vías públicas cuente con un seguro de responsabilidad civil para razonablemente garantizar el resarcimiento de cualquier daño ocasionado a un tercero. La principal ventaja de un seguro es que permite cubrir, a un costo relativamente muy bajo, un riesgo cuyo costo sería bastante más elevado. Por ejemplo, dada la incidencia de percances, se hace un análisis actuarial del riesgo y se considera el costo total que ello representa; y este costo básicamente se diluye entre todos. De esa forma, mediante el pago de una prima relativamente baja en comparación al costo total que habría que pagar por una indemnización a un tercero, se puede garantizar el pago de dicho resarcimiento. Esto es porque, lógicamente, no todas las personas que pagan el seguro provocarán un accidente; pero todas estarán cubiertas.

Con una buena estimación de las probabilidades de accidentes y los costos que representan, se puede determinar también la prima que cada uno debería pagar para que los riesgos de todos, basado en dichas probabilidades, estén cubiertos. A su vez, en la medida que más personas adquieren un seguro, ello no significa que necesariamente una mayor proporción sufrirán accidentes, dada la misma cantidad de vehículos, por lo que el costo de la prima para cada asegurado disminuiría. En pocas palabras, dado que deseamos que toda persona pague el resarcimiento de los daños que provoca, suponiendo que el costo promedio por daño es de Q50 mil, podríamos, ya sea, tener cubierto ese riesgo pagando una prima, por decir, de Q2 mil; o esperar que todo el mundo tenga Q50 mil guardados bajo el colchón y que diligente y conscientemente los entregue al afectado cuando le provoque un daño.

Otra ventaja de que todos tengan seguro es que se reducen significativamente los costos relacionados con obtener el resarcimiento. No es lo mismo que la gente tenga la plata disponible y la buena voluntad de hacerse responsable, o que las cortes saturadas de casos se lleven años en asignar una responsabilidad a alguien que, de todos modos, no tiene la capacidad para pagar, que compañías aseguradoras que con mucha más eficiencia pueden determinar las responsabilidades, afectar las pólizas correspondientes y, sobre todo, resarcir los daños de forma expedita.

Recientemente miembros irresponsables del gremio de transportistas se salieron con la suya, hasta que se derogó el acuerdo que les exigía contar con un seguro contra terceros. Aclaro que sí hay empresarios y transportistas responsables que sí lo tienen. Pero la realidad en Guatemala es que muy a menudo se producen tragedias viales, ocasionadas por pilotos irresponsables y dueños de vehículos que no les dan mantenimiento, tragedias que constantemente cobran vidas y ocasionan graves daños, y que prácticamente nunca son resarcidas en la medida adecuada. Un seguro obligatorio vendría a resolver estos problemas en buena medida.

“Es muy caro”, dicen. Claro que es caro porque dada su propia irresponsabilidad son sujetos de mucho riesgo. Un seguro alinearía los incentivos en el sentido de inducirlos a contratar pilotos más prudentes y contar con vehículos en mejor estado, para reducir su siniestralidad y, por ende, el costo de sus primas. “No lo pueden pagar con las tarifas actuales”, dicen, en el caso de transporte de pasajeros. En eso tienen razón, pero es en parte por su propia culpa, porque en lugar de aceptar que exista libre competencia, se han dedicado a proteger su cartel, su oligopolio y, sobre todo, los jugosos subsidios que todos pagamos. El propio usuario debe también entender que la tarifa “baja” regulada que paga es solo una ilusión, puesto que no solo paga el costo del subsidio, sino también de todos los demás costos asociados con toda la ineficiencia que provoca tener tarifas reguladas, como reducción de la oferta del servicio, mala calidad del servicio, y la propia inseguridad del mismo, que llega al extremo de costar vidas. No hay otra ni mejor solución que un mercado libre y competitivo, donde se ofrezca diversidad de servicios y rutas a diferentes precios que deberán competir entre sí.

Hablando de competencia, se debe también liberalizar el propio mercado de seguros. Hace años, las compañías aseguradoras guatemaltecas lograron, mediante reformas legislativas, expulsar a la competencia extranjera, haciendo ilegal que ofrezcan sus servicios en Guatemala. Ello, bajo el pretexto de proteger a los consumidores locales, como si éstos no pudieran conocer la reputación y confiabilidad de las grandes compañías aseguradores reconocidas en el mundo. Al haber restringido esta competencia extranjera, lógicamente los precios suben. Si se liberaliza el mercado, los precios bajarán y la calidad del servicio mejorará.

Por último, habrá algún libertario que se oponga a la obligatoriedad del seguro. En un mundo ideal, donde todos y cada uno transita por calles privadas, pues que cada quien determine las reglas para sus calles y si quiere o no exigir un seguro. Pero la realidad es que, hasta el momento, las calles son bienes públicos, lo que implica que cualquiera puede usarlas y todos pagan por su provisión con impuestos. Y bajo esa lógica también es viable la exigencia de un seguro obligatorio para todos como el mecanismo más eficiente para reducir las externalidades ocasionadas por quienes provocan accidentes en dichos bienes públicos.

Post scriptum: Hablando de provisión y mantenimiento de calles, si nos enfocáramos en que el Estado se dedique a sus funciones básicas y provisión de cierta infraestructura, en lugar de seguir con la idea del Estado benefactor-socialista, tendríamos más y mejores carreteras y habría menos accidentes.      

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