Una resolución del 13 de julio de la Corte de Constitucionalidad, que declaró sin lugar un recurso de apelación promovido por la fiscal general, María Consuelo Porras, pone en apuros las acciones de la jefa del Ministerio Público (MP) debido a las destituciones que ha ordenado sin seguir el procedimiento administrativo establecido.
La Hora reportó que la CC declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por la fiscal general contra una sala de apelaciones que confirmó la reinstalación del trabajador del MP, Raúl Oswaldo Menocal Chávez como profesional administrativo del Departamento de Servicios Generales.
La CC consideró que no se agotaron las vías administrativas correspondientes para su remoción, con lo cual pone bajo la lupa otras destituciones durante la gestión de Porras, quien habría buscado “blindarse” porque los despidos se han producido cuando por alguna razón la Fiscal General no está al frente de la entidad.
EL ACTO RECLAMADO
El acto reclamado (por el MP) es la sentencia del 5 de febrero de 2019, de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la decisión del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar la demanda laboral planteada por Menocal Chávez y en consecuencia, ordenó su reinstalación en el mismo puesto laboral y condiciones previas a su despido, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde julio de 2017 hasta su reintegración.
SE BLINDA DE LAS DESTITUCIONES
El 10 de julio, La Hora publicó el reportaje “Porras busca consuelo por no cumplir proceso en destituciones”, en la cual se explica que una “táctica de política y práctica común”, es utilizada por la jefa del MP para que cuando ella se ausenta sea otro el encargado de firmar los acuerdos de destituciones o trasladados “delicados” de fiscales.
En esa oportunidad una fuente quien solicitó no ser citada, indicó que se trata de una estrategia que Porras ha aplicado en años anteriores, con el propósito de “quedar desligada” ante cualquier cuestionamiento o proceso relacionado con las destituciones.
MP REACCIONA
Luego de que La Hora diera a conocer la resolución de la CC, el MP, por medio de su cuenta de Twitter calificó de falsa la información publicada, al asegurar que el caso se registró durante la administración de Thelma Aldana y que ya ejecutó la orden de la Corte.
“La persona en mención fue destituida el 27 de julio de 2017, durante la administración de Thelma Aldana siendo una acción ajena a la gestión de la Dra. María Consuelo Porras Argueta. Asimismo, la persona fue reinstalada el 9 de marzo de 2021, tras agotarse el proceso legal.”, se lee en sus redes sociales.
Es importante resaltar que está redacción publicó la nota enfocada en un recurso interpuesto por el MP durante el período de Porras.
PERSECUCIÓN DE FISCALES
Además, cabe señalar que la gestión de la actual jefa del MP se ha caracterizado por la persecución contra varios fiscales quienes han abandonado el país y permanecen en el exilio en Estados Unidos, así como a otro grupo que supera unos 20 profesionales los ha destituido.
El caso más mediático fue el del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien salió de Guatemala la madrugada del 24 de julio del 2021, luego que Porras lo destituyera.
Virginia Laparra Rivas, exjefa de la FECI con sede en Quetzaltenango, fue detenida señalada de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Actualmente permanece en prisión preventiva ligada a proceso únicamente por abuso de autoridad,
ANALISTAS OPINAN
Consultados al respecto, dos analistas dieron su punto de vista ante este caso y los posibles escenarios que podrían surgir de no hacer un uso correcto de los procedimientos establecidos.
Rootman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP aseguró que el fallo del tribunal constitucional pone en evidencia la utilización de mecanismos equivocados para la destitución de trabajadores.
“Lo resuelto por la CC lo que pone en evidencia es que se están utilizando procedimientos erróneos para proceder a la destitución del área administrativa como para el área fiscal y lo que va a ocurrir son una serie de órdenes de reinstalación para los trabajadores afectados por decisiones arbitrarias”, detalló.
Además, dijo que este posible escenario es que el MP pague los salarios pendientes lo que se traduciría en un impacto financiero para la institución. Además, refirió que a partir de las reformas a la Ley Orgánica del MP en 2016 quedaron claramente establecidos los procedimientos disciplinarios.
EDGAR ORTÍZ: “SON PUESTOS DE CONFIANZA”
El abogado constitucionalista Edgar Ortíz explicó que el caso resuelto por la CC es distinto al de otros fiscales destituidos al considerar que el criterio utilizado por el MP es que se trata de puestos de confianza.
“La decisión de la Corte no afecta ni para bien ni para mal la destitución de Juan Francisco Sandoval o de otros trabajadores del mismo rango, porque en este caso lo que se peleó fue la destitución, pero en el caso de Sandoval y otros fiscales el argumento de la fiscalía era que se trataba de puestos de confianza y que al ser puestos de confianza no estaban sujetos a este procedimiento” .
CASO SANDOVAL
Ortíz agregó que en el caso de Sandoval se debe esperar a que finalice su proceso en la vía laboral. Añadió que la CC cambió su jurisprudencia en noviembre del 2021 y les ha permitido a otras instancias del Estado destituir trabajadores calificados como puesto de confianza.
En este apartado Rootman Pérez dijo que el criterio aplicado en este caso sí aplica al exjefe de la FECI al ser un fiscal de carrera, y que las mismas reglas del debido proceso serían aplicables.
Por LaHora. Ver noticia original
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