La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentó este viernes 29 de julio su informe semestral sobre libertad de expresión y concluyó que en el país todavía persisten las violaciones, limitaciones e irrespeto a este derecho.
Según el informe, en lo que va del año se han registrado 66 hechos de violación de derechos de libertad de expresión y que son 350 ataques a la prensa desde que comenzó el gobierno de Alejandro Giammattei.
“Estas cifras reflejan una parte de la violencia y restricciones hacia el ejercicio periodístico, debido a que hay también un sin número de hechos que no se dan a conocer. No obstante, a ello, el número de denuncias recibidas por la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas del MP o la Defensoría de Personas Defensoras y Periodistas de la PDH, evidencian la grave situación de la libertad de expresión y las dificultades que los comunicadores enfrentan para cumplir con su labor de informar con libertad, sin presiones de ningún tipo o sector”, se lee en el informe.
También hace referencia a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2021, publicado en mayo de este año, incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B, debido a que “se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática”.
“El actual gobierno guatemalteco se encamina a convertirse en una dictadura: la criminalización de periodistas, el exilio de críticos al régimen, la sumisión entre Poderes, un sistema de justicia no independiente, la creación de “enemigos” del Estado, la utilización de discursos de odio, la imposición de censura y autocensura a los medios de comunicación, son características inconfundibles de autoritarismo e intolerancia”, se lee en el documento.
“Este informe desnuda que no hay respeto a la libertad de prensa” señala Héctor Coloj del Observatorio de los Periodistas.
Señala que los 66 ataques contra Periodistas y medios de comunicación han sufrido por parte del gobierno del gobierno de Giammattei.
Añade que los actores que más violaciones a la libertad de expresión han cometido son la Presidencia de la República, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y las fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Civil.
“Presentamos este informe para desnudar la falsa imagen que el gobierno ha tratado de vender al exterior, de que es un gobierno sin tachas, que sus funcionarios son probos, que existe respeto hacia los periodistas, hacia la libertad de expresión, a la ciudadanía en general, cuando las estadísticas y los hechos demuestran todo lo contrario”, expresó Coloj.
Recordó que en junio, en una semana hubo tres agresiones en contra de periodistas por parte de la PNC en las que hubo violencia física, violencia material, arresto de un periodista que va ligado con la negativa de brindar información de la Policía a dos tanques de pensamiento.
Afirmó que esa actitud de negar información no es exclusiva del Ministerio de Gobernación si no la han replicado otras instancias del sector público, principalmente las municipalidades.
Peor golpe a la democracia
Coloj afirmó que como APG y Observatorio de Periodistas consideran que uno de los peores golpes a la democracia y a la institucionalidad del país es la continuidad de Consuelo Porras en el MP, pues pasó de ser la principal operadora de justicia del país a operadora encargada de promover impunidad para empresarios, funcionarios, militares involucrados en violaciones a derechos humanos y casos de corrupción y que también han tenido responsabilidad en agresiones en contra de la prensa.
Afirmó que el gobierno de Alejandro Giammattei además de caracterizarse por la constante violación a los derechos humanos, por opacidad en sus actos, también lo es por el irrespeto y la intolerancia a la libertad de expresión.
Factor Méndez de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG, asegura que este gobierno ha estado investigando y persiguiendo, además de judicializando, a periodistas y que Alejandro Giammattei ha intentado suprimir cualquier crítica que cuestione su imagen de líder y evidencia las numerosas acusaciones de corrupción ocurridas en su mandato.
Añade que este gobierno ha usado al Ministerio Público para “cazar a los críticos del régimen”.
Méndez explicó que además, la fiscal general María Consuelo Porras garantiza la impunidad de los agresores contra periodistas y lo ejemplifica con el caso del exdiputado Julio Juárez quien era señalado del asesinato del Periodista Danilo López en 2015, pero quedó libre.
Señaló que en el informe Retroceso a la libertad de expresión y prensa en el país, se refleja que desde el Estado se impulsa una campaña de persecución en contra de periodistas, de voces críticas al régimen y de participantes en las manifestaciones ciudadanas.
Dijo que esto se refleja, entre otras acciones, en procesos de criminalización iniciados por el MP, apoyados por el Organismo Judicial, campañas de acoso en redes sociales, negativas de brindar información o retenerla por parte de empleados públicos y utilización de un discurso estigmatizante que apela a la burda defensa de la soberanía y pretende implantar, el imaginario colectivo, como enemigos de la democracia a sectores críticos como la prensa.
“Para estos fines del Estado, principalmente la presidencia, ha utilizado al Ministerio Público para cazar a los críticos del régimen, entre los que sobresalen periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia”, comentó.
Las estadísticas
La mayoría de agresiones registradas se han dado en el departamento de Guatemala, con 39; Alta Verapaz, 5; Quetzaltenango, 4; Izabal, Quiché y San Marcos con 3; Escuintla y Huehuetenango con 2, y con 1 aparecen Chiquimula, Jutiapa, Sacatepéquez, Sololá y Suchitepéquez.
Las agresiones totales contra la prensa son 66 en total, entre las que destacan obstrucción a la fuente, intimidación/presión, Amenazas, difamación, agresión física, ataque cibernético, agresión física y amenazas, detención arbitraria.
Ruth del Valle de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) señala que con estas agresiones no solo se viola el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también el 29, de libre acceso a tribunales y dependencias del Estado.
Añadió que además se ha estado usando la Ley del Feminicidio por parte de funcionarios para evitar investigaciones.
Concluyó afirmando que la PDH está preocupado por el año electoral ya que acá se incrementan los ataques contra Periodistas y la prensa independiente.
Por Prensalibre Ver artículo original
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