Barataria – El Siglo

“Con mucho respeto señor Secretario me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público”

En mi acostumbrada columna dominical, no quise intitularla de manera que me parezca a mí el tema a escribir, sino que me he tomado la libertad de citar textualmente una frase recogida de un visto que el mismo Ministerio Público institucionalmente, ha procedido a viralizar a través de sus plataformas sociales, especialmente de la plataforma X.  En el video se ve al fiscal de la FECI Rafael Curruchiche increpando al Secretario General de la Organización de Estados Americanos -OEA- sobre su posición de fiscal, el trabajo realizado en la judicialización exprés y a la carté en contra del partido Movimiento Semilla.  En la exposición, el señor Curruchiche, acusa a la OEA de “una clara injerencia hacia un mandato constitucional que tiene el Ministerio Público” y agrega desafiante: “como quien dice no investiguen a Semilla, oculten la Investigación”.

Al entrar a analizar la actuación del Ministerio Público, publicando oficiosamente un video editado a conveniencia ya que no se hace público la respuesta del señor Almagro a la increpación, lo cual, en asuntos puramente diplomáticos es necesario siempre, vemos lo que se ha ido acostumbrando en las instituciones públicas cuya ética, independencia y honorabilidad se ha visto cuestionada y que mediante publicaciones en redes sociales pretenden desvirtuar lo que se hace evidente porque se duda de que su actuar sea en apego a la ley y de acuerdo a su mandato constitucional.

Esta polémica que ha envuelto al Ministerio Público no es nada nuevo, desde hace ya varios años, las anteriores fiscales generales han instrumentalizado la función del Ministerio Público para fines aviesos que no se apegan a la naturaleza de sus atribuciones.  Así, hemos visto al Ministerio Público utilizado para perseguir a militares que estuvieron al mando de operaciones durante el conflicto armado, pero no vimos al ente investigador perseguir igualmente a los mandos guerrilleros que también hicieron atrocidades incluyendo un reclutamiento forzoso de jóvenes para que participaran en operaciones guerrilleras.  Esa acción sentó un precedente de instrumentalizar las investigaciones para buscar una especie de venganza de lo que no se pudo lograr en el campo de batalla.

También, por supuesto, vimos al Ministerio Público como una plataforma política de la señora Aldana.  Escuchamos como, en diferentes entrevistas, ella afirmó que no tenía motivaciones políticas, que se definía de ideología de derecha, que su único fin era el combate contra la corrupción, pero luego vimos cómo, llegado el momento electoral, se decantó por querer correr a la presidencia precisamente por el partido que ahora alcanzó la elección.

Luego vino el primer periodo de la actual fiscal, la señora Porras y a partir de este momento se inició el proceso de judicialización de los procesos para elegir y designar autoridades.  No hay que olvidar que un amparo planteado por el Ministerio y en contubernio con la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República, resuelto en el 2020, produjo que al día de hoy no se haya electo un poder del Estado, el Poder Judicial y los Magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones continúen ilegítimamente en sus cargos.  Esta judicialización de las designaciones y elecciones de autoridades parece ser la forma que ha definido, redefinido, corregido y aumentado el actual Ministerio Público, puesto que, hasta la misma elección de la actual fiscal general, la señora Porras fue judicializada y la Corte de Constitucionalidad, cuyos magistrados vienen a ser una suerte de banda operativa, resolvió obligar a los Comisionados a incluir en el listado a la señora Porras, para que el actual presidente la eligiera y el resultado salta a la vista.

En realidad, nada de esto fuera problema, si el Ministerio Público no se prestara a manosear el sistema electoral guatemalteco e intervenir en el proceso electoral.  Está bien que el Ministerio Público investigue los delitos, esta es su función constitucional, pero que sea selectivo en la investigación y quiera entrar a inclinar la elección o que pretenda burlar la voluntad popular raya en lo ridículo y vergonzoso.  No es posible que el Ministerio Público se haya animado a pretender evitar que se llevase a cabo la segunda vuelta no solo es un estigma que llevaran por siempre la fiscal general la señora Porras y el fiscal de la FECI, el señor Curruchiche, sino que a estos se suma el Juez, el señor Orellana, puesto que estos tres personajes han pasado a la historia como aquellos que un día quisieron evitar que se llevara a cabo una segunda vuelta electoral, pretendiendo suspender la personalidad jurídica del partido Semilla, bajo argumentos estúpidos que cualquier estudiante del cuarto año de derecho entiende que se instrumentaliza y quiere aplicar no solo la Ley contra la Delincuencia Organizada, sino que además contravenir el orden electoral mediante la acción penal, tanto así que sacan de contexto la norma contenida en la Ley Electoral que indica que en el caso de delitos electorales, claro está es aplicable el Codigo Penal, ¡por supuesto! Porque la Ley Electoral y de Partidos Políticos no regula ningún delito electoral (estos están contenidos en el Código Penal), pero lo relacionado al régimen electoral sí lo regula.  Pretender aplicar una norma contenido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada para suspender a un partido político raya en lo ridículo, no solo porque esta ley establece claramente los delitos a la que es aplicable (entre estos no está la falsedad material o ideológica, es decir la falsificación de firmas), sino que la suspensión provisional de personas jurídicas de acuerdo con esta ley es una medida precautoria y de urgencia porque si existe una persona jurídica, una sociedad anónima, utilizada para los delitos allí contenidos, como lavado de dinero, naturalmente no se puede permitir que siga operando, lavando dinero en tanto que hay un proceso penal en su contra.

Pero el Ministerio Público pretende lavarse la cara diciendo que la investigación no tiene propósitos electorales, que ellos no ven nada dirigido a bajarse la elección porque lo que buscan es “cumplir con su función constitucional”, no se si el Ministerio Público cree que la población guatemalteca son un rebaño de borregos, pero insultan nuestra inteligencia.  Tanto así, que han sometido a todo el proceso electoral a una intensa judicialización, ellos dicen que cumplen con la ley, pero sus hechos gritan tanto que no dejan oír sus palabras.  Al final, esa investigación que han realizado tiene sus aristas.  No parece objetiva y todo el aparato judicial les respalda.  Quiere reabrir etapas administrativas procedimentales que tiene su propia regulación y crear, mediante la instrumentalización del derecho, un clima de zozobra.  Incluso se tomaron la molestia, oficiosa por cierto de “informar” al Congreso de la suspensión provisional del Partido Semilla, tanto así que el Congreso también de manera oficiosa, procedió a eliminar la bancada, que luego restauró.

Lo que el Ministerio Publico hace es instrumentalizar el derecho y judicializar el proceso electoral con fines aviesos, no es lo ideal de por sí, este proceso electoral se vio empañado con descalificaciones de candidatos, uso de recursos públicos para campaña electoral y una permisividad enorme de las autoridades electorales que cambio a raíz de los acontecimientos que vinieron luego de la primera vuelta.

Luego el fiscal de la FECI, el señor Curruchiche habla de injerencia extranjera y con esto, lo único que evidencia es la ignorancia de los hechos, no es la primera vez que se reúnen, en la primera reunión le presentó el expediente del caso, en esta segunda le increpa su intervencionismo.  Sin embargo, el señor Almagro no vino a Guatemala por cuenta propia, precisamente el presidente de la República procedió a invitarlo entonces ¿En dónde está la injerencia extranjera?  Además de ello, Guatemala es miembro de la Organización de Estados Americanos y con ello ha adquirido obligaciones en ese foro regional y uno de ellos de mayor importancia es la preservación de los valores democráticos.  Ahora bien, en el derecho se maneja una máxima “Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”, el Ministerio Público explica y explica que no interviene en el proceso electoral, que solo hace su trabajo de acuerdo con la ley, pero entonces ¿Por qué instrumentaliza la Ley Contra la Delincuencia Organizada para solicitar a un juez penal la suspensión provisional de la personalidad jurídica de un partido político?  No hay injerencia extrajera, es un despropósito decirlo, lo que si es evidente es que los países del mundo están viendo cómo en Guatemala, se llevan a cabo elecciones con un sistema electoral confiable y los partidos políticos que tuvieron más fiscales en las juntas receptoras de votos (mesas electorales) son los primeros en alegar fraude, se determinan dos candidatos que pasan a segunda vuelta y el Ministerio Público en connivencia con un Juez, quieren evitar que eso se lleve a cabo solicitando una medida judicial con aristas de ilegalidad, con el objeto claro, de que no se lleve a cabo la segunda vuelta, luego de una serie de resoluciones judiciales se continúa con el proceso y gana el candidato que nadie quiere frente a la candidata que todos rechazan y entonces continúa la judicialización en contra de todo el proceso electoral con vistas a ver qué mas se puede entorpecer y, a la usanza de la fallida elección de magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, alterar los resultados constitucionales.  Todo esto, el mundo lo esta viendo y lógico, no parece normal, no parece normal que los guatemaltecos hayan votado y que no se quiera reconocer la voluntad popular, simplemente porque el candidato ganador no es el más querido ni admirado, pero señores, esta es la democracia que tenemos, débil, endeble, limitada, debilitada y languideciendo, pero es lo único que queda en el país, porque la institucionalidad, la cooptación de las instituciones y la instrumentalización del derecho ya rato esta establecida en Guatemala y es moneda de curso legal en el país.

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