Casos Zamora y Laparra: “retrasos” que suspenden audiencias

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 1 de agosto que la fiscalía no tiene responsabilidad en la suspensión de la audiencia de primera declaración del presidente de elPeriódico José Rubén Zamora Marroquín y la auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Samari Carolina Gómez Díaz, la cual estaba prevista para las 10:00 horas.

No obstante, en el Juzgado Séptimo Penal no es la primera vez que una diligencia se retrasa por falta de expedientes, ausencia de alguna de las partes, carga laboral o inhibitoria de los juzgadores.

Luego de suspenderse este lunes, el juez a cargo del caso programó una nueva fecha. Aquí los detalles 👇 https://t.co/A0do4r2lGZ

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Este caso está a cargo del juez «A», Freddy Orellana, y en esta judicatura también se lleva el caso de la exjefa de la FECI con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra.

Juan Luis Pantaleón, Jefe de Información y Prensa del ente investigador explicó que el personal fiscal acudió a ambas judicaturas para la celebración de la indagatoria.

“El Ministerio Público se hizo presente tanto al juzgado de turno como al juzgado Séptimo para llevar a cabo la audiencia”, indicó Pantaleón.

Sin embargo, explicó que la diligencia no se realizó porque el Juzgado de Turno no había trasladado el expediente del caso al Juzgado Séptimo Penal.

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CASO DE VIRGINIA LAPARRA

En esta misma judicatura se lleva el caso de la exjefa de la FECI con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra, aunque el proceso está a cargo del juez «B», Sergio Mena.

Cabe señalar que en el caso de Laparra, en este mismo juzgado se suspendió en más de seis ocasiones y entre las causas se indicó la inasistencia de querellantes, carga laboral del juzgado, acciones legales planteadas y cuestiones de competencia en el Juzgado de Turno.

Finalmente, el pasado 8 de junio se ordenó enviar a debate oral y público a la exfiscal, dado que el caso sigue detenido en la referida judicatura por apelaciones pendientes de resolución, tampoco hay una fecha programada para continuar con el proceso penal correspondiente.