Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti, fue condenado a 22 años de cárcel en procedimiento abreviado en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.
El castigo contra el exfuncionario fue por los casos La Línea y Cooptación del Estado. Debido a su condición de colaborador eficaz, Monzón no estará en prisión ya que se suspende la pena.
Tras este fallo queda desligado de cualquier persecución penal en Guatemala. Su abogado Alexis Calderón considera que la fiscalía no apelará la sentencia y las condiciones debido a que aprobó los convenios de colaboración.
Sin embargo, resaltó que su defendido no goza de asilo político en ningún país porque el Ministerio Público, presidido por Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), incumplieron con esa parte del acuerdo.
Quién es Juan Carlos Monzón
Monzón fue mano derecha de Baldetti en la vicepresidencia durante el gobierno del Partido Patriota. De acuerdo con su testimonio, fue el encargado de realizar varias operaciones irregulares bajo solicitud de la exvicepresidenta.
Fue el principal testigo del MP y de la CICIG contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina. Junto con Monzón también fue tomado como colaborador Salvador González, alias “Eco”, quien habría facilitado sus servicios para legalizar las operaciones supuestamente ilegales de ambos funcionarios.
Monzón estuvo prófugo durante varios meses, pero luego se entregó a la justicia y fue aceptado como colaborador eficaz por su cercanía con Baldetti y Pérez Molina.
Caso la Línea
El 16 de abril de 2015 la CICIG dio la siguiente información sobre el caso bautizado como La Línea que luego significó la renuncia y captura de Baldetti y Pérez Molina.
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la SAT. Se estableció que mandos altos y medios de esta institución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de dicha estructura, quienes tomaban las decisiones estratégicas relativas al pago de menos impuestos en las aduanas; determinar la política de recaudación aduanera; colocación de funcionarios superiores en la SAT, entre otras.
La estructura externa instruía a lo interno de la SAT para que ubicaran a determinadas personas como vistas de aduanas en turnos definidos, a quienes se les indicaba que cumpliera los objetivos de la organización criminal, y también para que ubicaran a otros funcionarios específicos en lugares estratégicos de la aduana.
La investigación se desarrolló en ocho meses, que incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura; 66 mil sesiones de interceptación telefónica, 6 mil comunicaciones electrónicas, y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.
Caso Cooptación del Estado
En junio de 2016 la CICIG y el MP presentaron el caso Cooptación del Estado, como un seguimiento al caso La Línea.
Cuando el 16 de abril del 2015 se presentó el caso de la Línea, se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales -especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas- se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país.
Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el MP y la CICIG como La Línea, la Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.
Derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Baldetti.
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.
Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota.
Por RepublicaGT. Ver noticia original
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