Democracia, libertad política y campaña electoral

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Los ciudadanos deben tener la libertad de ejecutar actividades propias de una campaña electoral durante cualquier hora del día, o cualquier día de la semana, o cualquier semana del mes, o cualquier mes del año, o cualquier año entre una campaña y la siguiente. Se exceptuaría, quizá, un determinado número de días antes del día en que los ciudadanos deben elegir candidatos. Precisamente la ley actual, que distingue entre campaña electoral “anticipada” y “no anticipada”, y prohíbe la “anticipada”, atenta, en general, contra la libertad política de los ciudadanos; y en particular, contra la libertad de campaña electoral.

Debería tener libertad de campaña electoral, por ejemplo, un partido político, un comité electoral o un ciudadano cuyo propósito es ser candidato a desempeñar cualquier función pública adjudicada mediante el voto. Esa libertad sería un recurso eficaz para aumentar la afiliación a instituciones políticas; propiciar el ejercicio del derecho a elegir y ser electo; fomentar la discusión de problemas nacionales y la propuesta de soluciones; promover el surgimiento de nuevas instituciones políticas; y suscitar un mayor interés de los ciudadanos por los asuntos públicos y por  optar a una candidatura.

La libertad de campaña electoral posibilitaría que los ciudadanos dispusieran de un tiempo mayor para investigar a los candidatos, y para conocer su oferta política. Incentivaría una mayor competencia de los candidatos por obtener el voto de los ciudadanos; lo que, a su vez, propiciaría  un mejoramiento de la calidad de los candidatos mismos y de la oferta política. Y la democracia tendería a ser efectivamente un concreto modo de vida del ciudadano y no meramente un abstracto modo de gobierno del Estado.

¿La libertad de campaña electoral provocaría una constante incertidumbre política, cuyo efecto sería una constante incertidumbre económica? No necesariamente. Podría volver más predecible el producto del proceso electoral, y entonces no habría un aumento sino una reducción de la incertidumbre económica en cada proceso. ¿Habría una constante e insoportable publicidad o propaganda política? No necesariamente. Habría publicidad y propaganda durante el tiempo más oportuno, porque los recursos son escasos y siempre habría que obtener de ellos el mayor beneficio; y un exceso publicitario o propagandísticos podría ser más costoso que beneficioso. Y podría suceder que los políticos se volvieran más creativos, con el fin evitar publicidad y propaganda psicológicamente fatigantes o socialmente repulsivas.

¿Los ciudadanos dedicarían más tiempo a la política que al trabajo? No necesariamente. Si no dedicaran tiempo suficiente al trabajo, no tendrían recursos económicos para dedicarse a la política. Hasta podría suceder que dedicarán más tiempo al trabajo, porque habría que obtener más recursos para dedicarse más a la política. ¿Los políticos que tuvieran más dinero aprovecharían más la libertad de campaña electoral? No necesariamente. Podría suceder lo opuesto: los políticos que tuvieran menos dinero tendrían más tiempo para competir por la captación de dinero, con aquellos que tuvieran más dinero.

¿Los perdedores se dedicarían de manera constante a obstaculizar la función pública de los ganadores? No necesariamente. Precisamente para evitar la obstaculización, y hasta prepararse para una nueva candidatura exitosa, los ganadores podrían esforzarse más en cada hora, cada día, cada mes y cada año por ser mejores, y así podrían evitar la obra hostil de los acechantes perdedores.

Pretender que un mayor número de ciudadanos se afilie a instituciones políticas, e intervenga en la discusión de asuntos públicos, y ejerza el derecho a elegir y ser electo; y pretender que surjan nuevas instituciones políticas y haya un mayor interés y una mayor propensión vigilante de los ciudadanos por el actuar de los políticos; y pretender que haya más competencia entre candidatos y que mejore la calidad de los candidatos y de la oferta electoral, es incompatible con limitar absurdamente el tiempo durante el cual los ciudadanos pueden dedicarse a una campaña electoral.

La primera, la más simple, la más urgente y la más importante reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos consiste en eliminar cualquier norma que prohíba que los ciudadanos puedan dedicarse libremente a una campaña electoral, en cualquier tiempo.Y una segunda, tercera o cuarta reforma es convertir al actual Tribunal Supremo Electoral en un instituto electoral, estrictamente administrativo, que, por consiguiente, no posea funciones judiciales.

Post scriptum. Actualmente las máximas autoridades de ese tribunal son magistrados que, de hecho, tienen el estatus de abusivos dictadores, que con punible holgura reprimen la actividad política de los ciudadanos, y tienen, por ello, el infortunado privilegio de ser el mayor obstáculo para un pleno acontecer democrático del Estado de Guatemala.

Lo invitamos a que lea más del autor en: https://elsiglo.com.gt/2022/07/29/una-infortunada-metafora-economica-de-adam-smith-la-mano-invisible/