El boomerang de la instrumentalización del derecho

Barataria

Resulta innegable que el derecho es el vehículo para poder llegar a la justicia.  La justicia, siendo un valor absoluto representa la aspiración más grande de cualquier colectivo social. Así la constitución de los estados modernos ha dado pie a la creación de todo un sistema jurídico cuyas instituciones permiten el acceso a la justicia a través de las leyes, las normas jurídicas y su aplicación y ejecución a través de los jueces. Anteriormente la clase política que detentaba el poder ejercía un autoritarismo inusitado a través de ejercer el gobierno con mano dura, en donde nadie podría oponerse y si lo hacía, era perseguido y muchas veces desaparecido sin dejar rastro.  Las cárceles clandestinas era el modo de mantener alejados a los opositores a quienes bajo el miedo de cárcel o muerte salían del país al exilio forzado.

Los tiempos han cambiado y las dictaduras del siglo pasado ya no son bien vistas por la comunidad internacional, las comunicaciones y el auge de las redes sociales han provocado serios cambios en la forma de pensar de los grupos sociales y con ello, los gobernantes se han visto en la necesidad de instrumentalizar el derecho como una herramienta para combatir a sus adversarios políticos.  Esta instrumentalización del derecho ha dado como resultado la inevitable cooptación del poder judicial, de esta forma es muy fácil la tramitación de los procesos y las sentencias necesarias para eliminar ya no físicamente, sino ahora civilmente a los opositores al régimen.

Sin embargo, la instrumentalización del derecho es un boomerang del cual ni la clase política, ni los grupos de poder ni los gobernantes tienen idea que les alcanzará.  Así, en nombre de la justicia, en nombre del Estado de Derecho y en nombre de la ley, se persigue inclemente a todo aquel que parezca molesto al régimen, se cambian los sistemas e incluso se viola los derechos fundamentales por los Magistrados Constitucionales porque simplemente quieren estar alineados al poder.  No se necesita ir muy lejos, para poder observar ejemplos claros en donde el derecho ha sido instrumentalizado para lograr conservar el poder, para mantener las estructuras del mismo y, en aras de lograr establecer una paradógica “dictadura constitucional”, los parlamentos y los jueces se venden al mejor postor.

Ha sucedido en Honduras, pasa en El Salvador y Nicaragua ya es un claro ejemplo de que la instrumentalización del derecho viene a ser el arma preferida de las dictaduras, cuando se instrumentaliza el derecho si hace falta una ley, se compra al Congreso de Diputados para aprobarla y con ello ya se tiene el instrumento perfecto para que los jueces al servicio del gobernante las apliquen.  Recientemente se supo que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua emitió una resolución en dónde despojó a una veintena de Abogados de sus títulos profesionales y de un plumazo, literalmente les borro los títulos que adquirieron después de pasar por la universidad cinco años y después de llenar toda esa serie de requisitos académicos y legales para serlo.  Esto, se suma al despojo de la nacionalidad, la creación del delito de opositor al régimen y una serie de otras medidas.  A propósito de la cancelación de los títulos a los abogados nicaragüenses es una pena y vergüenza que ninguna agrupación gremial ni los Colegios de Abogados de los demás países centroamericanos hayan externado ningún tipo de condena por estos actos.  De nuestro “ilustre” Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es comprensible dado el servilismo con que llegan las Juntas Directivas a quienes únicamente les interesan los negocios que se hacen que el bienestar del gremio.

Así las cosas, resulta un verdadero riesgo el rumbo que esta tomando países latinoamericanos y especialmente los del istmo, porque el derecho contempla aquellos elementos de la jurisdicción que le hacen contar con poder propio para emplazar y citar, para ejercer coerción, para para juzgar, para ejecutar lo juzgado  y para exigir a la fuerza publica el cumplimiento de sus decisiones.  Es por ello que la importancia de un poder judicial independiente es necesario para preservar la democracia, sin embargo en un país como Guatemala en donde el mismo poder judicial es ilegitimo debido a que los magistrados de las cortes se encuentran ejerciendo sus magistraturas pese a haber terminado su periodo constitucional, resultado de un acuerdo que incluyo al poder ejecutivo y al legislativo, para taparse con la misma cobija y esperar a que se lleven a cabo  las presentes elecciones para ver que es lo que pasa, porque el día de hoy nadie puede garantizar que el siguiente año o los siguientes años se elijan cortes, no existe ninguna garantía tanto así que ningún partido político se ha comprometido ante la población que sus diputados al Congreso procederán a elegir cortes; al parecer ya les ha gustado la idea de tener las instituciones del poder judicial y sus auxiliares al servicio de la clase gobernante.

De esa cuenta, los riegos a que se continúe instrumentalizando el derecho son altos especialmente por la forma en que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad se han alineado para dejar fuera candidatos que resultan incómodos para algunos partidos y con ello, nada garantiza que no continúen hasta empañar el proceso electoral.  Lo que no se puede garantizar es que toda esta instrumentalización del poder produzca un boomerang que vaya a revertirse como sucedió con aquellos que ahora están en el exilio forzado.

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