Día con día, los juzgados del ramo civil reciben cientos de demandas nuevas, cuya consigna es resolverlos dentro del plazo que la ley establece. Jueces, secretarios, oficiales, notificadores y comisarios, tratan de corresponder a las expectativas del usuario del sistema judicial.
Los procesos judiciales plantean una serie de retos que cada vez más se hacen difíciles de afrontar: la mora judicial, la oferta limitada de órganos jurisdiccionales frente a la gran demanda de justicia, y la complejidad implícita de los procesos, provocan que el sistema judicial se encuentre colapsado.
Con la llegada de la pandemia causada por el coronavirus (SARS-COV-2) se ha hecho necesaria la implementación de mecanismos que permitan acceder a los órganos jurisdiccionales de manera impersonal, por lo que ha entrado en vigencia recientemente Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales y la obligación de poseer un casillero electrónico para realizar las notificaciones.
Si bien es cierto, este es un buen avance en la gestión de los expedientes judiciales, aún no es suficiente para corresponder a las expectativas de las personas que buscan una salida a sus conflictos por la vía judicial, ni para reducir la mora y hacer efectiva la gestión de procesos antiguos y la agilización de los procesos nuevos.
En ese orden de ideas, los procesos de ejecución que prima facie están concebidos para tener una tramitación expedita, se convierten en procesos tan largos como los ordinarios y por lo tanto, aunque se tenga una garantía real, personal o de cualquier otra índole, la espera de la resolución del proceso provoca que dichas garantías muchas veces se vuelvan obsoletas.
Ante tal situación, es importante poder participar en los procesos de reforma y proponer juzgados privativos de ejecución y que se establezca un procedimiento específico para tramitación de expedientes cuyo título ejecutivo conlleve obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible y donde los acreedores sean entidades crediticias.
De esa manera se podrán afrontar los retos que implican la satisfacción de las necesidades de personas individuales y jurídicas que acuden a instituciones financieras para el cumplimiento de sus fines y bienestar de sus asociados.
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