La corrupción (2) – El Siglo

Una Guatemala Diferente Es Posible

En Guatemala, la falta de actualización del marco normativo necesario para combatir la corrupción constituye un primer factor a considerar e incluye varias particularidades: Primero, la falta de revisión constante de las disposiciones que confieren altos niveles de discrecionalidad a los tomadores de decisión o a los servidores públicos que tienen contacto con los usuarios de servicios administrativos, en este caso, el problema no radica en la discrecionalidad misma, como potestad conferida por ley o por disposiciones de inferior jerarquía (por ejemplo, reglamentos); sino por el abuso en ejercicio o aplicación de la ley lo que puede originar actos de corrupción.

En nuestro país la  debilidad institucional para promover la transparencia y combatir eficazmente la corrupción obliga a que las instituciones públicas replanteen los objetivos de su funcionalidad, por lo que se hace necesario conformar y fortalecer las oficinas de control y supervisión, por ejemplo, las oficinas de asuntos internos y de auditoría interna, así como el control que ejercen los órganos de control externo que son la Contraloría General de Cuentas –CGC– y el Ministerio Publico- MP- para que estos órganos de control cumplan de manera efectiva con sus atribuciones legales, sin embargo, en el contexto guatemalteco ha prevalecido la inefectividad e inoperancia de las acciones para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción.

Aunque en nuestro país contamos con la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP– (Decreto 57-2008 del Congreso de la República) la que constituyó un hito para la promoción de la transparencia en el contexto guatemalteco, esta otorga la posibilidad de ejercer el derecho a conocer la información y documentos en poder del Estado y a la vez, paralelamente facilita la fiscalización de las actuaciones de los funcionarios y empleados públicos, en especial de aquellos que tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos; el hecho que esta ley sea muy poco utilizada por los ciudadanos eso es otra cosa.

De allí que es importante entender que cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña, (Cooper: 1982), su presencia constituye una amenaza a los principios de equidad e imparcialidad que debe regir el actuar de los servidores públicos, ya que estos operan como una garantía para evitar que se adopten decisiones arbitrarias en las que prevalezca un interés privado, del propio funcionario o de un tercero vinculado, familiares, amigos, socios, partidos políticos, grupos empresariales, etc.

Y, por otro lado, la impunidad constituye una grave infracción al deber que tienen los Estados de proporcionar una protección judicial efectiva a sus ciudadanos, representa la posibilidad de que una persona pueda cometer un delito (de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos relacionados con actos de corrupción) y quedar sin castigo, lo que conduce a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas del país.

Ese es el panorama que estamos viviendo desde hace muchos años en nuestro país, años durante los cuales hemos observado como la corrupción crece cada día por la falta de una legislación adecuada, instituciones débiles, conflictos de intereses, por lo que la lucha en contra de la corrupción e impunidad debe ser una prioridad para el gobierno de turno, por lo que todos tenemos que entender que nadie, nadie, es superior a la ley, y que la ley se cumple y se respeta.

GUATEMALA AL RESCATE.

GUATEMALA NECESITA A SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

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