¿Qué más que estados de Calamidad puede hacer el gobierno? Esto responden analistas

Los estados de Calamidad dan lugar a una serie de compras de todo tipo en las distintas dependencias del Estado. Como muestra, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) adquirió recientemente en renglones surtidos como la compra de agua pura, leche en polvo, mascarillas, ponchos, cubetas plásticas, sin faltar las llantas y los cupones de gasolina, por citar una sola dependencia del Ejecutivo.

Las compras por los estados de Calamidad están reguladas dentro de los Casos de Excepción, establecidos en el artículo 44 de Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

Hasta septiembre de este año, los concursos adjudicados por modalidad de compra, regulados por este procedimiento, muestran que bajo esta figura se han otorgado 27 compras con un monto total adjudicado de Q 544 millones 008 mil 770, de acuerdo con el portal de Datos Abiertos de Guatecompras.

 

Durante el 2020, estos procedimientos regulados por el artículo 44 LCE significaron el 11% de los concursos adjudicados en Guatecompras (el segundo porcentaje más alto después de las compras directas), de acuerdo con un estudio de Irene Flores, denominado “Propuesta para mejorar el sistema de contrataciones públicas (2022)”.

A lo largo de su administración, el presidente Alejandro Giammattei ha decretado once estados de Calamidad Pública y prórrogas, de los cuales nueve han sido ratificados por el Legislativo y dos han sido improbados.

Fenómenos como la pandemia del COVID-19 (6 decretos), los huracanes Eta, Iota, las lluvias de junio de este año y la reciente tormenta tropical Julia han requerido decretar estados de Calamidad.

Esto implica la suspensión de garantías como también agilizar las compras y contrataciones en el Ejecutivo.

Tres analistas coinciden en el abuso de esta medida y las implicaciones de gobernar bajo esta figura, en la que sobresalen la improvisación y la discrecionalidad.

FLORES: SE PUEDE PLANIFICAR

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que los estados de Calamidad se decretan bajo la justificación de realizar compras de servicios básicos urgentes cuando se dan eventos para los cuales “en teoría” no se está preparado.

Pero en realidad no es así, ya que no son eventos tan sorpresa. Considera que con la debida anticipación un municipio puede anticiparse para adquirir insumos en forma competitiva.

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Además, la mayoría de estos insumos, tales como comida, ropa, servicios básicos, “deberían” estar contemplados dentro de un plan anual de compras, pues ya se sabe cuáles son los meses de lluvia, las zonas más vulnerables, las comunidades con problemas en los servicios de alcantarillado. “Todo esto se debería de arreglar con tiempo”, afirma.

Para Flores, el problema de gestión comienza desde una mala planificación. Por otro lado, estos eventos no afectan de la misma forma a todos los territorios, por tanto, a veces no es necesario decretar estado de Calamidad a nivel nacional, sino en áreas específicas, con compras de insumos específicos.

La segunda parte del problema viene porque esta declaratoria permite la adquisición de cualquier tipo de bien, insumo, obra o servicio. Es allí cuando empiezan los espacios de discrecionalidad para cometer abusos.

“Sin excepción hay compras directas, adjudicaciones a dedo a cualquier proveedor, no se elaboran documentos de contratación de calidad con especificaciones técnicas”, expone Flores.

Señala, además, que muchas obras de reconstrucción en territorios afectados después de un desastre, no se terminan sino hasta 4 o 5 años después “como lo muestra la evidencia”.

“Está más que comprobado que las justificaciones de comprar rápido bajo estados de Calamidad quedan desamparadas”, remarcó.

Por tanto, lo correcto es que las municipalidades y entidades del Estado estén preparadas. Se debe planificar el presupuesto y disponer de las compras de contingencia para el periodo que ya se conoce, concluye.

 

MALDONADO: PREVENCIÓN ES MÁS RENTABLE

Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recuerda que, desde la creación de esta entidad, la idea era romper el esquema de una institución de emergencia, hacia un modelo de prevención.

Entonces se comprendía que no era sostenible responder de manera improvisada a las emergencias. Siempre habrá huracanes, tormentas, terremotos, reiteró.

Por eso, el enfoque es reducir la vulnerabilidad del país y es la clave para invertir como nación, como lo marca la tendencia mundial. Estudios del Banco Mundial (BM) demuestran con contundencia que la prevención resulta hasta 12 veces más rentable que la respuesta, expone.

Otro factor es que los desastres vienen a ser un retroceso en el desarrollo del país, lo que hace incompatible el desarrollo sin una gestión de riesgos. “No tiene lógica económica invertir cuando ya se dio la emergencia. Es un fracaso del Estado tener que recurrir a un estado de Calamidad, pues muestra que no se ha trabajado en la prevención, ni se estaba preparado para eventos que pueden anticiparse”.

Maldonado atribuye este retroceso en la falta de planificación a tres factores. Primero, no se comprende la gestión para la reducción de riesgos. Segundo, es importante la formación y perfil de las autoridades en estos cargos. Tercero, la corrupción, como un cáncer que abarca todos los aspectos sociales. Por lo anterior, hizo un llamado urgente para tomar en serio la gestión integral para reducción de riesgos de desastres.

Sus remociones se dieron a conocer la semana pasada y se ha conocido las razones de estas. Aquí detalles 👇 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/y2az21U7Zh

— Diario La Hora (@lahoragt) November 1, 2022

BERGANZA: GESTIÓN CORRECTIVA

Ricardo Berganza, doctor en Ciencias Sociales con experiencia en gestión integral de riesgos, considera que de lo que sí se tiene certeza ante el próximo ciclón tropical Lisa es que la saturación de suelos todavía es preocupante y que en el país no se necesitan muchos días de lluvia para que se desencadenen eventos dañosos que pueden cobrar vidas.

Resalta que todavía hay gran cantidad de familias que ni siquiera han sido reubicadas después de Eta e Iota, debido entre otras razones, a que el Estado está capturado por élites depredadoras que ponen la propiedad privada por encima de la vida.

Uno de los temas más difíciles es acceder a tierra menos insegura. Creo que ningún gobierno de la “era democrática” ha tenido la voluntad política de proteger la vida de la gente más pobre.

 

En cuanto a la pregunta: ¿qué más que estados de Calamidad puede hacer el gobierno?, explicó que el Estado tiene la obligación de responder ante eventos como la Tormenta Tropical Lisa que se aproxima a la región y los estados de Calamidad son un recurso para poder hacer compras y contrataciones. Más allá de lo bien o lo mal que se utilice esta figura, la raíz de la vulnerabilidad del país se ubica en la pobreza extrema y la pobreza, en la precaria inversión pública que está a la vista y que sugiere más corrupción, sin nadie que la persiga, destacó.

Añadió que un Estado que funcione tiene que cobrar impuestos e invertir en programas amplios de gestión correctiva. Es decir, tienen que reducir el riesgo construido donde la pobreza es determinante. Sin importar quién gobierne, no será fácil; por lo que se necesitan políticas públicas en diversos sectores que dejen de proteger los privilegios de unas pocas familias, sostiene.

Esta gestión correctiva debería de abordarse de igual manera, ya sea que se trate de un riesgo sísmico, por contaminación del agua, o por deslizamientos desencadenados por eventos hidrometeorológicos.