Sobre la libertad de expresión y su ejercicio

Evolución

El artículo 35 de nuestra constitución garantiza el derecho a la libertad de emisión del pensamiento, indicando que el mismo se puede ejercer libremente, sin censura ni licencia previa, y que no puede ser restringido por ley ni disposición gubernamental alguna. El segundo párrafo establece que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. En ese sentido, queda muy claro que en Guatemala ninguna persona puede ser perseguida penalmente por cualquier expresión que emita en contra de cualquier funcionario respecto de su gestión. No obstante, tristemente en Guatemala ha habido muchos casos en los que los gobernantes han querido intimidar y callar a periodistas con acciones penales por las denuncias que han formulado en su contra. Recuerdo el caso de un expresidente que quiso burlar la constitución y acudió a plantear un juicio por supuesta difamación en contra de una amiga periodista, a quien tuve la oportunidad de asesorar legalmente para evitar este atropello. Y así, nuestra sociedad ha visto en múltiples ocasiones cómo los gobernantes abusan del poder para silenciar a aquellas voces que los inquietan.

Lastimosamente también, nuestra sociedad polarizada y, sobre todo, nuestra prensa predominantemente sesgada, también ha sido cómplice de muchas injusticias y atropellos. Hoy esa prensa mainstream levanta sus voces sobre lo que denuncian como una persecución política. Nunca los escuché, por ejemplo, salir en defensa de quienes no forman parte de sus círculos ideológicos. También se quejan, y no sin del todo tener razón, de que ciertas agencias dentro del Ministerio Público han sido instrumentalizadas para convertirlas en un aparato de persecución; pero cuando eran sus allegados ideológicos quienes hacían exactamente lo mismo en contra de ciudadanos inocentes, fuera de los casos en los que justificadamente se procesaba a corruptos, no sólo no denunciaban tales hechos, sino más bien los aplaudían desde sus formidables plataformas de propaganda, mal llamada prensa. Y no con esto pretendo justificar las acciones de unos o la persecución de otros, todo lo contrario. Lo que intento es resaltar lo importante que debe ser para todos defender siempre la libertad de expresión y el respeto al debido proceso, independientemente de posicionamientos ideológicos y, sobre todo, de dónde cada uno se ubica en este juego de poder entre rivales, más aún, para quienes no pertenecemos a ninguna de esas facciones y estamos en medio del fuego cruzado.

La libertad de expresión tampoco es licencia para agraviar a particulares. En cuanto a señalamientos que constituyan calumnias o injurias, que hechas en medios masivos, se denominan difamación, existen los mecanismos legales para deducir responsabilidades penales y civiles. De la misma manera, cualquiera que tenga conocimiento que alguna actividad lícita, como es la periodística, se mal utiliza para fines ilícitos, tiene todo el derecho de acudir, denunciar y aportar las pruebas correspondientes. Lo que exigimos es que en todos los casos se respete el debido proceso y que si se va a acusar a alguien, que se le demuestre su culpabilidad con evidencia fehaciente. Lastimosamente nuestro sistema de justicia fallido resulta garantía de nada en ese sentido, por lo que, volviendo al punto inicial, todos quienes estamos interesados en que en Guatemala se consolide un sistema de justicia funcional, deberemos estar muy atentos y alzar la voz de denuncia cada vez que sea necesario.

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